La
necesidad de impulsar y adecuar la formación y competitividad de los
trabajadores en la actual situación de recuperación económica, unido al
escándalo producido por el uso fraudulento de fondos públicos destinados a la
formación, ha hecho que las autoridades competentes hayan puesto el foco de
atención en el control de los sistemas de formación profesional.
Prueba de
ello es la reciente reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para
el Empleo en el ámbito laboral desarrollada por el Real Decreto-ley 4/2015, de
22 de marzo, que pone en marcha en nuevo sistema destinado a dotar de mayor
transparencia y calidad la oferta de cursos de capacitación profesional y
reciclaje laboral que reciben ayudas de las comunidades autónomas.
Esta reforma introduce un novedoso
sistema de observación y prospección del mercado de trabajo, mediante
informes trimestrales que recojerán los resultados de la inserción laboral de
todas las actividades. Estos informes, que se publicarán en la web del Servicio
de Empleo y Formación (SEF), detallarán los resultados con una clasificación de
los cursos por el número de alumnos que hayan conseguido una colocación y
también de las entidades que los impartan.
Esto
permitirá detectar
los cambios en las demandas de cualificación y competencias del tejido
productivo, adecuar la formación a sus necesidades, ver la
evolución de los cursos para orientar mejor las subvenciones y ejercer un mayor
control en la asignación y efectividad de la formación.
El hecho
de medirse la eficacia de estos cursos y hacerse público brindará una mayor transparencia en la gestión de los
recursos públicos, ayudando a prevenir posibles fraudes e irregularidades. En
este sentido, además, se contempla un nuevo régimen de infracciones y sanciones
para aquellos tentados en realizar una mala praxis.
Junto con estas evaluaciones, se
realizarán auditorías públicas de calidad de las entidades que impartan la
formación. Medidas que nos servirán también a los centros de formación
homologados para programar y adecuar nuestra oferta formativa a los requerimientos del sistema
productivo y enfocada a la formación online frente a la tradicional a distancia, que se
suprime.
En
general, la reforma sitúa a las empresas y trabajadores en el centro del
sistema. Las corporaciones deberán aportar una parte de los recursos para la
formación de sus trabajadores y se les permitirá impartir directamente dicha
formación. Por su parte, los trabajadores dispondrán de dos novedosas
herramientas: el “cheque de formación”, que les permitirá elegir el
proveedor que mejor se ajuste a sus necesidades formativas, y la “cuenta de
formación”, que
les acompañará a lo largo de su carrera profesional para acreditar su historial
formativo y orientar su formación al incremento de su empleabilidad.
Por su parte, los agentes sociales
aumentan su liderazgo en el diseño estratégico, planificación, programación y
difusión de la formación profesional para el empleo, pero se aparta a sindicatos
y patronal de la gestión directa de los cursos de formación, que se abre a la
libre concurrencia, permitiéndose así una previsible reducción de precios y la
entrada de nuevos operadores.
En última instancia, se trata de que el
sistema permita consolidar una cultura de formación profesional que favorezca la
creación de empleo estable y de calidad, el aumento de la productividad
de los trabajadores y, por ende, de la competitividad de las empresas y la
economía española.
Más
información sobre las novedaes que introduce el nuevo sistema de Formación
Profesional para el empleo, cursos de formación, contratos de formación y centros
formativos homologados en http://www.necesitasformacion.com
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